A tan sólo unos meses del cobarde asesinato de Raul Reyes en territorio ecuatoriano, el pueblo colombiano sigue siendo testigo de las agresivas y criminales campañas militaristas del gobierno uribista que han convertido a todo el pueblo en un objetivo militar, y cuyo propósito es perpetuar el dominio del capital latifundista y transnacional que ha mantenido a los colombianos en la miseria, además de convertir a Colombia en la cabeza de playa del imperialismo en la zona andina. El narcogobierno de Álvaro Uribe –postulado para premio Nobel de la paz en un gran acto de cinismo– ha movilizado todo el aparato gubernamental para la guerra. Basta notar que del total de los cargos del Estado colombiano, el 81.2% están ocupados por servidores públicos asignados a labores de defensa, seguridad y policía.
Recientemente 400 organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos informaron que en los últimos 6 años, el 76% de los homicidios por causas políticas fueron responsabilidad directa del Estado. Estamos hablando de 10,200 personas, hombres, mujeres, jóvenes, indígenas, en su mayoría vinculados a organizaciones civiles y sociales, aunque también en muchos casos han sido tan sólo jóvenes del pueblo, sin ningún tipo de vínculo a organizaciones políticas. Recientemente se escuchó en todos los medios el caso de la desaparición de 11 jóvenes, que después serían acusados de guerrilleros en un intento de justificar su desaparición. Hasta ahora no se ha esclarecido este caso, sin embargo, este hecho se enmarca en una creciente presión de los Estados Unidos hacia el gobierno colombiano, a quien le exige presente resultados visibles del apoyo militar. El Ejército colombiano ha adoptado una modalidad de desapariciones o asesinatos a civiles, jóvenes, sindicalistas y campesinos, a quienes después presenta como rebeldes abatidos, para así poder reforzar el tono triunfalista que ha caracterizado las campañas militaristas de Álvaro Uribe, y poder rendir cuentas favorables a sus patrones en Estados Unidos. Según el Washinton Post, “bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, en los últimos años, el Ejército ha asesinado cada vez más a campesinos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros.” “Hay diferentes registros sobre el número de ejecuciones extrajudiciales como son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de Derechos humanos dijo que 955 murieron entre 2002 y 2007 y fueron clasificados como guerrilleros caídos en combate.”
El pasado 15 de octubre, en un episodio más de esta guerra, el ejército, bajo las órdenes del general Páez Varón reprimió con tropas, tanques y helicópteros, a los indígenas del Valle de Cauca –un pueblo que ha sufrido años de guerra sucia, represión, asesinatos y desapariciones– dejando un saldo de 2 muertos y más de 35 heridos. En este caso se trataba de civiles que protestaban pacíficamente contra el Estatuto Rural (Ley 1153), el Código Minero y el Plan de Aguas –leyes creadas para despojar a los indígenas de sus recursos naturales– así como el alto a la guerra del Plan Colombia II y el proyecto de Seguridad Democrática. Sin embargo, este hecho ha proyectado toda una oleada de resistencias que venían gestándose desde hace unos meses en el pueblo colombiano, que se rehúsa a ser simple víctima y ver cómo le arrebatan su soberanía. Desde el pasado 15 de septiembre, en esta región, se inició una huelga de 10 mil cortadores de caña de azúcar que ocupan ocho ingenios del Cauca, en su gran mayoría afrocolombianos, que protestan por las condiciones precarias en que laboran, teniendo que inhalar continuamente el humo de la quema de caña y el glifosato usado en las plantaciones, así como por los bajos salarios con que son remunerados, y de donde tenían incluso que pagar sus propias herramientas, ropa de trabajo y transporte. Esta huelga paralizó la producción de etanol y elevó el precio de la gasolina, lo que causó revuelo en los grupos de poder.
De ello, se siguieron una serie de huelgas y paros que fueron agregando al clima de movilizaciones populares, entre los que destacaron los del sector público, como los judiciales, los funcionarios del sistema electoral, los maestros, y los camioneros, entre otros, quienes exigían mejoras salariales ante el alarmante aumento de precios. Estas movilizaciones, que han literalmente conmocionado al Estado colombiano –que se vio obligado a decretar el estado de “conmoción interior” para reprimir a las fuerzas populares– han destacado por su extensión y profundidad, logrando hacer confluir a diferentes actores sociales y políticos en torno al objetivo común de parar al gobierno de Álvaro Uribe y defender su soberanía ante el intervencionismo y despojo imperialistas.
El pasado 12 de octubre comenzó también la “Minga de los Pueblos” cuyas principales demandas son el rechazo al TLC “un tratado 'entre patrones y contra los pueblos'; derogación de las reformas constitucionales que someten a los pueblos a la exclusión y la muerte; 'no más terror del Plan Colombia...' que infesta nuestros territorios y los siembra de muerte y desplazamiento'; cumplimiento del Estado a los acuerdos a raíz de la masacre del Nilo en 1991, donde fueron asesinados 20 nasas; y construir la Agenda de los Pueblos, que surja de 'compartir y sentir el dolor de otros pueblos y procesos'. 12 mil indígenas se pusieron en marcha hacia Cali, junto con los cortadores de azúcar y otros obreros agrupados en la CUT, demostrando así que el pueblo trabajador ya no está dispuesto a seguir siendo víctima de las políticas criminales del gobierno servilista de Uribe.
En la reanimación de las movilizaciones, las FARC han renovado su disposición al diálogo en aras del tan buscado canje humanitario, evidenciando una vez más la intransigencia del Estado que le ha apostado todo al negocio de la guerra, y al exterminio de los sectores organizados. Sin embargo, hoy particularmente, el pueblo no está dispuesto a agachar la cabeza. Como diría un indígena del Cauca: “¿Qué quiere el Gobernador, el Gobierno? ¿Que volvamos silenciosamente a ser víctimas de la guerra sucia, a dejarnos despojar y asesinar sin protestar, a dejarnos meter en una guerra que es contra nosotros?” Visiblemente, esto ya no es así. Ante la represión y el militarismo, el pueblo colombiano ha decidido levantarse en pie de lucha.
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