Con este grito de combate, miles de indígenas de la selva amazónica peruana se levantaron en contra de las fuerzas represivas y militares del presidente Alan García, quien buscaba a toda costa despojarlos de sus tierras ancestrales para entregárselas a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales para su explotación.
Una vez más, los intereses capitalistas y sus gobiernos lacayos demostraron que no están dispuestos a respetar la vida de los pueblos indígenas a quienes ven como un obstáculo para el “desarrollo” del capital. A finales del 2008, el ultraderechista Alan García emitió una serie de decretos, como el DL 1090, la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” y la “Ley de Recursos Hídricos”, en los que se disponía la entrega de los recursos naturales a los grandes capitales, permitiendo la privatización de los bosques y recursos hídricos de la selva peruana, habitada por más de 60 etnias indígenas. Un año antes, en octubre de 2007, García había hecho explícita su lógica neoliberal en un artículo en donde expresaba que la inversión “necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir... esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología.” Desde su punto de vista, era más rentable dar más tierra a los grandes capitalistas y despojar a los pobres de sus terrenos porque ellos “no producen” capital. Quedaba claro que su gobierno era un gobierno de los ricos y para los ricos, que no tenía el más mínimo interés en proteger el interés de los pobres.
Sin embargo, el pueblo peruano no se quedó con las manos cruzadas viendo cómo se le despojaba de sus tierras y recursos. El 9 de abril se movilizaron pacíficamente miles de indígenas amazónicos para exigir al gobierno la derogación de estas leyes entreguistas, que comenzaron a conocerse como las “Leyes de la Selva”. Enseguida se organizaron paros y manifestaciones que fueron contestadas con la cerrazón del gobierno, quien movilizó a las fuerzas policiacas y al ejército, declarando un Estado de Sitio en la zona, suspendiendo todas las garantías individuales. Esto provocó una respuesta más enérgica de las comunidades, que comenzaron a hacer cortes de carretera, cierre de válvulas de gaseoductos y bloqueos a la navegación en los ríos.
El pasado 5 de junio, la represión alcanzó su punto más brutal cuando los militares incursionaron en la ciudad de Bagua, ubicada 1 400km al norte de la capital peruana, y perpetraron una feroz masacre en contra de los pueblos indígenas. Los soldados asesinaron a más de 40 indígenas, dejando también un saldo de decenas de desaparecidos y cientos de heridos. Algunos campesinos denunciaron que el Ejército arrojó cuerpos de indígenas a los ríos para que no se contabilizaran entre los muertos. Para el 8 de junio, las Fuerzas Armadas había desplazado a las autoridades civiles de Bagua.
Como era de esperarse, los medios de comunicación comerciales escondieron los crímenes y se dedicaron a tergiversar los hechos. Mostraron escenas de policías golpeados y pidieron la represión indiscriminada. También hicieron eco de las declaraciones racistas de Alan García, diciendo que las movilizaciones eran producto de intereses extranjeros que manipulaban a los indígenas “ignorantes”. Mientras tanto, los medios alternativos fueron acallados, como es el caso de la Radio la Voz, un medio independiente indígena que fue sacado del aire por las fuerzas del gobierno.
No obstante, los pueblos amazónicos no se dejaron intimidar, advirtieron que defenderían su tierra con la vida, y respondieron a la embestida gubernamental. El 7 de junio, 1 300 indígenas ocuparon el aeropuerto de Trompeteros, en el noroeste del país. Se incrementaron las movilizaciones y se convocó a una jornada nacional de lucha que incluía paros y acciones regionales en todo el país, así como una marcha nacional programada para el 11 de junio.
Como resultado de la movilización popular, el gobierno comenzó a recular y declaró la suspensión provisional de las “Leyes de la Selva”. Sin embargo, las comunidades no se dejaron engañar pues lo que se exigía era la derogación total de estas leyes y no una mera suspensión temporal.
Continuaron las movilizaciones y la presión internacional, lo que hizo que finalmente, el 18 de junio, el gobierno tuviera que derogar las leyes en cuestión. Esto se convirtió en un gran triunfo para los pueblos amazónicos y para todo el pueblo peruano. Una vez derrotado, Alan García, admitió que su gobierno había cometido “errores con los indígenas” y que había que “volver a empezar”. Estas cínicas declaraciones ignoraron convenientemente toda la sangre derramada por los pueblos en esta lucha, así como los exiliados, desaparecidos y perseguidos que todavía siguen en las cárceles militares.
Es por esto que los pueblos no han bajado la guardia y continúan exigiendo el alto a la persecución y el castigo a los responsables. No obstante, los indígenas peruanos comprobaron una vez más que sólo con la lucha popular se puede detener el avance del despojo imperialista y la acumulación de capital a costa del bienestar popular. Esto explica que hoy, aun después del gran triunfo popular, se escuche todavía y con más fuerza el grito de ¡la selva no se vende, la selva se defiende!
