“Actualmente el Ejército ejerce actividades policíacas... Se ven soldados por todas partes; no hay en el país una ciudad importante que no cuente con cuarteles situados en su centro donde los soldados están siempre listos para toda eventualidad. La disciplina de tiempos de guerra se mantiene en todo momento y la presencia de los soldados y sus constantes maniobras son una amenaza perpetua contra el pueblo. Se lanza a los soldados contra él con suficiente frecuencia para que el pueblo conserve siempre en la memoria el hecho de que la amenaza no es vana.”
Esta cita que describe perfectamente la situación actual del Ejército Mexicano no es de ningún escritor contemporáneo, aunque pareciera que así fuera. Esta cita fue escrita hace más de 100 años por John Keneth Turner, en su famoso libro México Barbaro, para describir al Ejército porfiriano, cuya naturaleza era esencialmente criminal y contrainsurgente, siendo utilizado como un cuerpo de asesinos a sueldo del Generalísimo Díaz.
“El pretexto del general Díaz para mantener tal Ejército en tiempo de paz [Decía Turner] siempre ha sido la insinuación de que el país podría hallarse en cualquier tiempo en peligro de ser invadido por los Estados Unidos. La prueba de que su objeto no era estar preparado contra una invasión, sino contra una revolución interna, se halla en el hecho de que en vez de fortificar la frontera, ha fortificado ciudades del interior. Además mantiene al grueso del Ejército concentrado cerca de los grandes centros de población...”
Hoy ya no se utiliza el temor a una invasión militar norteamericana para justificar la desorbitante presencia del Ejército entre la población civil y su papel contrainsurgente. No obstante, la realidad no es muy diferente. La nueva excusa es la supuesta guerra contra el crimen organizado y la amenaza constante del narcotráfico. Los aparatos ideológicos del Estado no descansan en su intento de hacernos sentir amenazados por los sicarios de los diferentes cárteles y bandas delincuenciales, pretendiendo así justificar la inconstitucional militarización de la sociedad. El 26 de junio, por ejemplo, la ex secretaria de educación y coordinadora nacional de la campaña de los candidatos a diputados federales del PAN, Josefina Vázquez Mota, en una verdadera muestra de esquizofrenia política declaró: “...he escuchado una gran mayoría de voces diciendo al presidente que no retire al Ejército de las carreteras, porque significaría sentirnos más vulnerables, más desprotegidos.”
¡Nada más lejos de la realidad!
Hoy por el contrario, al igual que en tiempos de Porfirio Díaz, la presencia del Ejército no sólo es la causante de un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección en las comunidades sino que causa terror e indignación ante los repetidos casos de agresiones de los militares en contra de las comunidades, a quienes viola impunemente sus derechos humanos, llegando incluso hasta el asesinato y la desaparición forzada. Lejos de proteger la seguridad de la población y luchar contra la delincuencia, al Ejército lo han convertido en aliado de los cárteles de la droga y en un brazo armado de la mafia en el poder.
¿Suena esto muy exagerado? ¿Será que no se está siendo objetivo? Bueno, para muestra basta no sólo uno, sino muchos botones:
En la reciente incursión del Ejército en las comunidades de Puerto de Las Ollas y Las Palancas, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, entraron más de 500 soldados a las comunidades gritando “¡Viva Rogaciano!” haciendo referencia a Rogaciano Alba, conocido jefe narcotraficante, vinculado al cártel del Chapo Guzmán, y cacique ganadero, ex-presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, protegido por Zeferino Torreblanca. Las comunidades denunciaron que los soldados dispararon a discreción en contra de la población y torturaron a Omar García, un adolescente de 14 años, a quien vendaron de los ojos, cubrieron su cabeza con una bolsa de plástico y le aplicaron toques eléctricos, y a Cesar Acosta, un joven discapacitado de 33 años a quien introdujeron agujas bajo las uñas y aplicaron toques eléctricos. Esta acción fue inmediatamente denunciada por Amnistía Internacional que emitió una Acción Urgente el 22 de junio, en donde relata los hechos y advierte del peligro en que se encuentra esta región pues ha incrementado el número de violaciones cometidas por el Ejército en contra de las comunidades. Amnistía informa que “ha documentado un número cada vez mayor de incidentes en todo México, en los que miembros del Ejército han participado en homicidios ilegítimos, tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, y registros domiciliarios ilegales.”
Irónicamente, ese mismo día, los periódicos en Guerrero reportaban el vil asesinato de un civil a manos de soldados que abrieron fuego en contra de un autobús de pasajeros en Huamuxtitlan, Guerrero, cerca de Tlapa de Comonfort. En esa ocasión, al revisar el vehículo en un retén, los soldados detuvieron al pasajero Fausto Saavedra Velara, indígena na savi, por el “delito” de usar botas “de uso exclusivo del ejército”. El chofer al percatarse de tan ridícula injusticia comenzó a discutir con los soldados, quienes lo insultaron y se negaron a firmar un documento en donde constataran que tenían a Fausto. Después del altercado, el jefe militar le indicó al chofer que se retirara, y una vez que el autobús reanudó la marcha, los soldados abrieron fuego deliberadamente, matando a otro pasajero de nombre Bonfilio Rubio Villegas.
En esos días, mientras llegaba también la información de que el Ejército incursionaba en la comunidad de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, anunciaban los periódicos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado Mexicano por la agresión y tortura sexual en contra de la indígena me'phaa Inés Fernández Ortega, quien fue violada por elementos del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002.
A pesar de la continua cerrazón de Felipe Calderón y sus compinches, quienes se han empeñado en defender a ultranza la presencia de su Ejército en las comunidades ignorando complacientemente estos acontecimientos, tales violaciones continúan siendo la práctica cotidiana y sistemática de esa institución. Recordemos también la violación de Valentina Rosendo Huerta, de Barranca de Bejuco, Guerrero, atacada sexualmente por soldados del 41 Batallón de Infantería, el 16 de febrero del 2002; la violación y asesinato de la señora Ernestina Asencio en la comunidad de Tetlacinga, municipio de Soledad Atzompa en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, quien fue abusada sexualmente hasta la muerte por el Ejército el 26 de febrero de 2007; el cobarde ataque de soldados del 19 Batallón de Infantería, el 29 de junio de 2007, en contra de un vehículo que pasaba por un retén en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, al que abrieron fuego hiriendo de gravedad a una niña de 13 años que en él se transportaba.
En el norte del país no es diferente la realidad. Apenas el pasado 25 de junio, los militares abrieron fuego arbitrariamente en contra de una pareja de novios que viajaban en un Civic Honda en Monclova, Coahuila. Los militares huyeron después de dejar a Monserrat Dávila herida por dos impactos de bala en la espalda y a Cesar Moreno herido en el antebrazo. Recordemos también la violación de 13 mujeres cometida por más de 20 elementos del Ejército en Castaño, Coahuila, el 11 de julio de 2006; el asesinato de una familia de cinco personas por parte del Ejército en Sinaloa, quien abrió fuego en junio de 2006 en contra de un vehículo que no se detuvo en un retén, matando a dos mujeres y tres niños de 2, 4 y 7 años de edad.
¿Esta es la protección y la seguridad de la que habla Josefina Vázquez Mota? ¿Este es el Glorioso Ejército Mexicano del que tanto alarde hace Felipe Calderón? ¿Este Ejército combate a la delincuencia organizada?
Los hechos muestran que el Ejército Mexicano no busca combatir la tan mencionada “delincuencia organizada”. Por el contrario, el Ejército protege y es parte de la delincuencia organizada; su objetivo es llevar a cabo una guerra contra el pueblo, una guerra contrainsurgente y de baja intensidad, aterrorizando a las comunidades y protegiendo los intereses de caciques y narcotraficantes. Al igual que hace 100 años, el Ejército Mexicano actual no está preparado para proteger la soberanía o la seguridad del pueblo mexicano; su misma estructura parece diseñada para atacar al pueblo y contener todo intento de organización popular.
El Ejército Mexicano es el más grande en América Latina, después de Brasil, y cuenta con 237 mil elementos activos, repartidos en 12 regiones militares y 45 zonas. Sus principales objetivos en el papel, de acuerdo al reglamento orgánico de la institución, son “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas”. Estos objetivos se operan en el Plan DN-I (seguridad externa), DN-II (seguridad interna) y DN-III (protección civil). No obstante, hoy es sólo el plan DN-II el que se aplica y el que verdaderamente responde a la lógica del Estado Mexicano. Esta es una función policíaca que no le correspondería al Ejército, pero en la lógica militarista de las actuales mafias en el poder, el objetivo principal de la existencia de esta institución es contener por medio del terror toda forma de rebelión o de organización social independiente.
Cada vez es más claro que el Ejército actúa como un grupo de criminales a sueldo al servicio de las mafias que hoy controlan el poder del Estado. Es por esto que unimos nuestra voz a la del pueblo mexicano que exige la salida de las comunidades y ciudades del mal llamado Ejército Mexicano, que más bien parece Ejército Criminal de Ocupación.
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